Honduras acumula más de 570 días bajo Estado de Excepción, entre cuestionamientos y denuncias

Tegucigalpa – Este 4 de julio de 2025, Honduras suma 577 días bajo el régimen de Estado de Excepción, implementado desde el 6 de diciembre de 2022 por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, como parte de una estrategia para combatir la extorsión y el crimen organizado. Aunque las autoridades aseguran que la medida ha permitido desarticular estructuras criminales y reducir delitos, organismos de derechos humanos y organizaciones civiles han expresado serias preocupaciones sobre su prolongación y su impacto en las garantías individuales.

Durante este tiempo, el Estado de Excepción ha sido prorrogado en al menos 13 ocasiones consecutivas, lo que ha permitido la suspensión parcial de garantías constitucionales como el derecho a la libre circulación, la inviolabilidad del domicilio y la detención sin orden judicial. Según informes de organismos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se han reportado múltiples casos de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

Uno de los casos más graves documentados ocurrió en 2023, cuando jóvenes fueron arrestados sin orden judicial durante operativos nocturnos en barrios populares, siendo posteriormente liberados sin cargos. También se han reportado denuncias de malos tratos en centros de detención temporal, donde las condiciones son precarias y no siempre hay supervisión adecuada. Las organizaciones internacionales han reiterado que cualquier medida de seguridad debe respetar el marco del derecho internacional y garantizar la proporcionalidad.

A pesar de las críticas, el gobierno sostiene que el Estado de Excepción ha sido clave para recuperar territorios controlados por pandillas y mejorar la percepción de seguridad. No obstante, expertos advierten que la prolongación indefinida de esta medida sin una evaluación transparente ni mecanismos de rendición de cuentas puede socavar el Estado de derecho y normalizar la restricción de libertades civiles. Las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen al Estado un balance de resultados y garantías efectivas para evitar abusos.