Juicio en Miami expone red de sobornos ligados a la Tasa de Seguridad en Honduras

Sala de redacción. El empresario estadounidense Carl Zaglin continúa enfrentando un juicio en Miami que ha dejado al descubierto un entramado de corrupción relacionado con la Tasa de Seguridad en Honduras. Durante la quinta jornada del proceso, salieron a relucir pruebas documentales, testimonios y correos electrónicos que evidencian el pago de sobornos en la compra de uniformes para la Policía Nacional, recursos que, según las investigaciones, fueron desviados de fondos públicos.

En la audiencia, el exministro de Seguridad Julián Pacheco y el exdirector policial Juan Ramón Molina fueron señalados como beneficiarios de transferencias ilícitas. Molina admitió haber recibido tres pagos que sumaron 114 mil dólares en 2017, dinero que fue canalizado a través de la empresa Sky Max Leasing en Belice. El exoficial confesó que aceptó los sobornos para agilizar la liberación de fondos del Tasón, y aseguró que la oferta le fue planteada por Francisco Cosenza, entonces director de la entidad.

La Fiscalía presentó registros bancarios que confirmaron los movimientos de dinero poco después de cada desembolso estatal, lo que reforzó la hipótesis de que los sobornos fueron disfrazados como operaciones corporativas. Testimonios de empresarios, como Luis Berkman, socio de Atlanco, señalaron que los pagos ilegales fueron gestionados por el exbanquero Aldo Marchena bajo un esquema de comisiones del 20 por ciento, diseñado para beneficiar a altos mandos de Seguridad.

El juicio, que mantiene la atención de la prensa internacional, ha generado un fuerte debate en Honduras por el uso irregular de la Tasa de Seguridad, un impuesto financiado por la ciudadanía mediante transacciones financieras. La Fiscalía de Estados Unidos busca demostrar que este dinero, destinado a fortalecer las instituciones de seguridad, terminó alimentando una red de corrupción que alcanzó a las más altas esferas del país.