SIP alerta por hostigamiento periodístico

Sala de redacción. La Sociedad Interamericana de Prensa, junto a más de 30 organizaciones defensoras de la libertad de expresión, emitió un pronunciamiento en el que alerta sobre el creciente clima de hostigamiento, amenazas y vigilancia estatal contra periodistas y medios en Honduras, en el marco de las elecciones del 30 de noviembre. Según el comunicado, la situación se ha deteriorado de forma acelerada, lo que compromete seriamente los estándares democráticos y dificulta el ejercicio de un periodismo libre y seguro.

Las organizaciones denunciaron una escalada de ataques institucionales, incluidos discursos estigmatizantes y presiones judiciales, procedentes de altos mandos militares. Recordaron que las acusaciones de oficiales de las Fuerzas Armadas, quienes señalaron a periodistas de liderar “campañas mediáticas” y de estar “infiltrados por el crimen organizado”, forman parte de un patrón sistemático que vulnera los estándares internacionales de libertad de prensa y contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El pronunciamiento también recopiló hechos recientes, entre ellos la amenaza de acciones judiciales contra medios que se nieguen a revelar sus fuentes, el uso de lenguaje descalificador como “sicarios de la verdad” y los actos de espionaje digital y acoso judicial contra el medio Criterio.hn, tras publicar investigaciones sobre corrupción y narcotráfico. Las organizaciones advirtieron que estos incidentes generan un entorno hostil en plena etapa electoral, donde la labor periodística resulta esencial para garantizar transparencia y fiscalización del poder público.

Finalmente, la SIP exigió al Estado hondureño respetar el secreto profesional, garantizar el acceso a información, investigar los ataques y fortalecer los mecanismos de protección de periodistas. Asimismo, pidió a la comunidad internacional monitorear el proceso electoral y respaldar la labor de la prensa, advirtiendo que la intimidación contra periodistas no solo afecta a los medios, sino que vulnera el derecho de la ciudadanía a estar informada.