El caso Marlon Ochoa juicio político y la narrativa de persecución

Opinión. El caso de Marlon Ochoa se desarrolla en un clima político marcado por tensiones institucionales y disputas internas sobre la legitimidad del proceso electoral hondureño. A inicios de marzo, el consejero del Consejo Nacional Electoral denunció que sectores del Partido Nacional y Liberal impulsan un juicio político en su contra sin que exista una denuncia formal y motivados, según él, por un ánimo de venganza. Sostiene que la discusión en el Congreso se limita a si existen o no los votos suficientes para destituirlo, dejando de lado cualquier procedimiento jurídico adecuado. Paralelamente, afirma que enfrenta planes para asesinarlo y que su persecución está vinculada a las denuncias que hizo sobre el fraude electoral del treinta de noviembre, del cual asegura ser el “único testigo directo”.

Aunque el juicio político está concebido constitucionalmente como un mecanismo para controlar el abuso de autoridades y proteger el interés público, en este caso muestra fallas estructurales que cuestionan su legitimidad. Ochoa argumenta la ausencia de garantías mínimas: no existe una acusación formal, no se le ha escuchado y el proceso se conduce con una amplia discrecionalidad que deja sin sustento su derecho a la defensa. Esto se agrava con el hecho de que varios diputados habrían prejuzgado públicamente su culpabilidad incluso antes de iniciar el procedimiento, convirtiendo el juicio político en un mecanismo más cercano a una sentencia anticipada que a un proceso institucional transparente.

El consejero también sostiene que actores clave como diputados, alcaldes e incluso el presidente, no habrían sido electos legítimamente, y que su objetivo al removerlo sería eliminar a un testigo incómodo y preservar la estabilidad de sectores beneficiados por irregularidades electorales. Desde esta perspectiva, el juicio político no actúa como un instrumento de reparación institucional ni como un castigo a la corrupción, sino como un medio para evitar que el sistema político sea expuesto en sus propios puntos de fractura. De acuerdo con su postura, la correlación de fuerzas en el Congreso determina el destino del acusado más que las pruebas o los hechos, como evidencia la discusión centrada únicamente en la cantidad de votos necesarios para su destitución.

La utilidad política del proceso, según esta narrativa, reside en su capacidad para proteger a élites vinculadas a manipulaciones electorales, castigando no a los responsables del fraude sino a quien se atreve a denunciarlo. Esto genera un precedente intimidatorio para futuros funcionarios que intenten denunciar irregularidades. Ochoa había bloqueado la aprobación de ciertas actas y cuestionado inconsistencias en la TREP y en el escrutinio, lo que ahora lo coloca en un proceso disciplinario cuyo objetivo sería removerlo del CNE, anular su testimonio y reducir su influencia en eventos cruciales como las elecciones de 2029.

La narrativa de persecución que despliega no solo tiene un componente jurídico, sino también político. Ochoa busca legitimarse como denunciante y posicionarse como figura central del conflicto al presentarse como el único testigo directo del fraude. Al denunciar amenazas de muerte y un posible plan para asesinarlo, coloca a sus adversarios bajo el escrutinio internacional y busca la intervención de organismos como la CIDH. Su relato convierte el juicio político en una confrontación moral, describiéndolo como una “barbarie absoluta” y una inversión del orden en la que según él los responsables de irregularidades se reorganizan para expulsar a quien denuncia.

Este discurso tiene un claro objetivo: moldear la opinión pública para que el juicio político sea percibido no como un acto legal, sino como una acción de persecución contra quien expone fallas sistémicas. El escenario resultante revela un dilema profundo dentro de la democracia hondureña: aunque los mecanismos institucionales existen, pueden ser utilizados por las élites para reforzar correlaciones de poder más que para impartir justicia. En este sentido, el caso de Ochoa refleja cómo el juicio político, lejos de servir como un instrumento transparente de rendición de cuentas, puede transformarse en una herramienta de control político que opera de manera discrecional y responde a intereses estratégicos antes que al Estado de derecho.